Parecía que todo iba a quedar en calma tras la resolución del Tribunal Supremo respecto a la actividad de los taxis en España, pero nada más lejos de la realidad. El Decreto Ley, aprobado por el cesado gobierno del Partido Popular, y la confirmación del Tribunal Supremo en cuanto a la legalidad del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres(ROTT) no eran suficientes.

Comentaba Miguel Ángel Leal, presidente de Fedetaxi, en declaraciones a Hipertextual que esta situación era una buena noticia para el taxi y, siempre que la competencia cumpliese la ley, no habría problemas con ellos. Dejando a un lado la cuestión de la captación de clientes, punto discordante entre ambas partes, la realidad es que los primeros movimientos para presionar a ls diferentes Gobiernos se están sucediendo. En un clima de cambio político y acuerdos entre partidos, el sector del taxi ha comprendido el concepto del “ahora o nunca”.

Mientras Cabify y Podemos guerrean en su vista pregunta para mañana, la cual no augura buenos resultados, el taxi ha decidido mover ficha. Por un lado, la solicitud al Ayuntamiento de Madrid de regular el volumen de licencias VTC en la capital a través de una licencia urbana complementaria a la ya emitida por Fomento, y ahora, la nueva idea de Fedetaxi.

La nueva Ministra de Economía, Nadia Calviño, ya se ha enfrentado al sector del taxi nada más estrenar su cartera. En este sentido, la gremial ha elevado una petición formal a la ministra para gravar la actividad de compañías como Uber y Cabify en lo que ellos opinan que será un “impuesto equitativo” para los gigantes tecnológicos que operan en España. Lo que popularmente se ha conocido como la “tasa Google”, para el taxi debería enfocarse en las compañías que operan en los negocios del transporte.

Su objetivo estaría en gravar a estas compañías, y no tanto a los empleados de las mismas, por su facturación en España y no por sus beneficios. Su teoría radica en el hecho de que muchas de estas compañía se libran del pago de grandes cantidades de impuestos por su sistema de inversión para continuar el crecimiento de la misma. “Instamos al Gobierno a aumentar el gravamen sobre la facturación de los servicios de las VTC en España para contribuir a mejorar los ingresos destinados al transporte público de las ciudades en las que operan Uber y Cabify, de modo que pasemos de la alusión a la contribución multiplicada”, ha explicado Leal. Muy en la línea de las medidas asumidas en Silicon Valley o Seattle en lo que respecta a sus tecnológicas alojadas, y en las medidas que Montoro, antiguo Ministro de Hacienda por el Partido Popular, tenía pensado aplicar a los proyectos vinculados a “la nueva economía”.

En opinión de Miguel Ángel Leal, la clave está en que “no debemos asumir que empresas como Uber o Cabify hagan negocios en Europa mientras pagan mínimas cantidades en concepto de impuestos a nuestras Haciendas”. Muy en la línea de Podemos en su confirmación, la misma que le ha llevado a los Tribunales, de que compañías como Cabify no declaran todo lo que deberían en España.