Presentan iniciativa para que la corrupción sea considerada traición a la patria y sea sancionada con multa de 50 mil pesos

La diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN) Patricia Sánchez Carrillo busca que la corrupción sea considerada traición a la patria en el Código Penal, lo que provocaría que alguien sancionado por este delito reciba penas de cinco a 40 años de prisión y multa hasta de 50 mil pesos.

Para ello presentó una iniciativa con el fin reformar el Código Penal Federal durante el periodo ordinario de sesiones que concluyó el pasado 15 de diciembre, en la que pide que se equipare esta sanción también contra quienes se aprovechen de los recursos destinados a la atención de desastres naturales y lucren con ello, así como a quien saque ventajas de una situación de este tipo.

La también secretaria de la Comisión de Justicia recalcó que la corrupción sigue mostrando índices a la alza y representa un impacto negativo a la economía hasta de 9 por ciento del producto interno bruto (PIB), por lo que se ha convertido un problema muy serio que afecta directamente al crecimiento y desarrollo de México y debe catalogarse como delito sumamente grave.

La corrupción está alcanzando cifras escandalosas que van de 5 a 9 por ciento del PIB, y llevándonos a una mala percepción entre la comunidad internacional que nos contempla como un país altamente corrupto, agregó Sánchez Carrillo.

En la argumentación de la iniciativa, la panista señala que las estadísticas y análisis internacionales ubican a México como la nación más corrupta de las que integran la Organización para el Crecimiento y Desarrollo Económicos (OCDE), quedando el país en el sitio 34, el último de la lista.

A pesar de ello, únicamente 2 por ciento de las averiguaciones previas contra funcionarios públicos por delitos vinculados con corrupción terminan en cárcel, esto de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

Uno de los ejemplos, dijo, son los irresponsables endeudamientos en estados y municipios llevados a cabo por ex gobernadores bajo la complicidad y ayuda de un gran número de funcionarios que tienen a esas entidades en malas condiciones financieras y, por ende, la inseguridad ha ido al alza.

Vía La Jornada


Vía Revolución 3.0

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