Tras suicidio, derogan delito imputado a mamá en Magdalena Contreras

 

El pasado 7 de junio, una madre de familia radicada en la delegación Magdalena Contreras decidió quitarle la vida a sus tres hijos y luego suicidarse, después de que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal la hallara culpable de “violencia familiar”, en su modalidad de “alienación parental” y le retirara la patria potestad de los menores.

Durante los seis años previos, esta madre de familia había promovido diversas denuncias en contra del progenitor de los menores, al que acusaba de agredir sexualmente a los tres niños. Como prueba, la madre contaba con el testimonio de uno de los menores, así como diversos  dictámenes del DIF, que confirmaban los abusos sexuales perpetrados por el papá.

Pese a ello, el TSJDF decidió ignorar tanto el testimonio del menor agredido sexualmente, como las conclusiones del DIF, y ordenó a la madre de familia que entregara a los tres niños al progenitor, o sería ella la que terminaría en la cárcel.

Ante este escenario, el de perder a sus hijos, entregándolos a un presunto pederasta, y el de perder la libertad, la madre de familia mató a los menores, mediante una sobredosis de fármacos, y luego se suicidó.

Casi dos meses después de estos hechos, el pasado 1 de agosto, las autoridades capitalinas decidieron eliminar la “alienación parental” de su definición legal de “violencia familiar”, de tal forma que esta figura nunca más pueda ser usada como pretexto para separar a una madre o padre de sus hijos, ni para que los agresores eludan denuncias sobre verdadera violencia familiar.

La medida, sin embargo, llega tarde para la familia que en junio pasado fue hallada sin vida en Magdalena Contreras.

Tal como establecía el artículo 323 Septimus del Código Civil de la Ciudad de México, derogado el pasado 1 de de agosto, se entendía por “alienación parental” cuando un integrante de la familia “transforma la conciencia de un menor, con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con otro de sus progenitores”, acción que se castigaba suspendiendo la patria potestad del agresor sobre el menor.

Contrición

En el caso de esta familia, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal no fue la única institución omisa.

Los dictámenes elaborados por el DIF, en los que se confirmaba la existencia de “riesgo para el bienestar de las personas involucradas, principalmente para el menor, quien mencionó haber sido abusado sexualmente por su progenitor”, también fueron ignorados por la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

Aún cuando la PGJDF contaba con estos dictámenes desde 2012, nunca procedió penalmente en contra del presunto pederasta.

Hace dos meses, Alicia Rosas Rubí, entonces titular de dicha fiscalía, explicó que el dictamen del DIF era “sólo una opinión”, y que el personal de la Procuraduría de Justicia también había realizado un “peritaje”, con el que se descartó cualquier forma de abuso sexual.

Tal como informó Rosas Rubí, la PGJDF descartó el presunto abuso sexual, tras someter al menor a un peritaje psicológico. La funcionaria informó también que la PGJDF destina en promedio dos sesiones para un peritaje de esta naturaleza.

Cabe destacar que el dictamen del DIF, en el que se confirmaron las agresiones sexuales contra uno de los tres menores por parte de su papá, se realizó a partir de 17 sesiones de acercamiento, 12 con el niño agredido, y cinco con el presunto agresor.

A pesar de contar con estos dictámenes desde el año 2012, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México nunca investigó la responsabilidad penal del progenitor, como presunto agresor sexual de su hijo menor de edad, y por el contrario, difundió públicamente la versión de que el papá era totalmente inocente, y que las acusaciones en su contra eran inventos de la madre.

La PGJDF contaba con estos dictámenes del DIF, y  Alicia Rosas Rubí los mantuvo archivados por cinco años;  fue removida del cargo de fiscal Central de Investigación de Delitos Sexuales de la Ciudad de México, el pasado 15 de agosto.

Vía Animal Político

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